FUJIMORI Y EL PERÚ: 27 AÑOS DEL GOLPE

El cinco de abril de mil novecientos noventa y dos, Alberto Fujimori  cierra el Congreso y convoca a una asamblea constituyente para cambiar la carta magna. El Perú se debatía en una profunda crisis económica y social, la violencia de Sendero Luminoso y el Ejército se seguía cobrando vidas desde el año ochenta; la receta del FMI de shock económico ejecutada por Fujimori dos años antes, no había logrado equilibrar la economía que había sido prácticamente destrozada por Alan García. Las fuerzas del poder económico, tan sumisas a los poderes internacionales, necesitaban un ordenamiento jurídico distinto al existente para aplicar las crueles recetas del FMI y del Banco Mundial. Fujimori se convierte así en operador de esos poderes, los mismos que le perdonaban y se coludían con él en sus crímenes de lesa humanidad y sus millonarios robos al Estado.
En mil novecientos noventa y tres, se promulga la nueva constitución, que da el soporte perfecto a lo que ahora vivimos en nuestro país: empresas públicas regaladas a los capitales foráneos, sectores estratégicos (minas, hidrocarburos, energía) en manos privadas y vendidas a precio de ganga. La educación y la salud, según la constitución fujimorista, será impulsada por la empresa privada, el Estado reduce su tamaño y sólo provee servicios básicos, dejando todo lo demás a la iniciativa privada. Sucesivas reformas laborales al amparo de esa constitución, han llevado a la total informalidad y desprotección de las y los trabajadores peruanos, setenta por ciento de los trabajadores lo hacen en completo estado de informalidad. Las continuas leyes de mejora de la producción y la competencia, han hecho que las empresas más grandes estén prácticamente exoneradas de impuestos, sobre todo las grandes mineras. Se aplicaron políticas y programas sociales que vulneraban la dignidad de las personas, un ejemplo de ello fue la masiva esterilización no consentida de  mujeres en la zona rural y urbano marginal. Es decir, Fujimori nos dejó un legado perfecto para que nuestro país sea lo que ahora es: un caos total, atravesado por una corrupción generalizada.
 Pero fujimorismo tuvo enfrente un pueblo digno que nunca se rindió y, como María Elena Moyano, alzó su voz fuerte, rotunda y clara, hasta lograr desalojar al dictador del gobierno y hacer que lo encarcelaran. Un pueblo que hoy sigue proponiendo una nueva constitución y sigue luchando para que el dictador vuelva a prisión.
Veintisiete años después, el fujimorismo se resiste a morir; su gen mafioso le ha llevado a que muchos de sus congresistas estén involucrados en casos tan terribles de corrupción que sólo a ellos, mafiosos y corruptos, les parece que no pasa nada y que cualquier comisión investigadora en el congreso les blindará y protegerá, no sólo a ellos, sino también a sus aliados, como hace unos días protegieron y blindaron al ex fiscal de nación Pedro Chávarry.
Ayer, el Consejo de Ministros se presentó ante el congreso para pedir una moción de confianza, moción que el cuestionado congreso le ha dado, a pesar del pésimo manejo del conflicto de Las Bambas y de la propuesta de una nueva ley que busca recortar los escasos derechos laborales de los trabajadores peruanos.
Veintisiete años después, el fujimorismo sigue teniendo presencia y poder político. Keiko Fujimori, la heredera del dictador, está en la cárcel por corrupción, Kenyi Fujimori, el otro heredero y rival a muerte de su hermana, ha sido suspendido del congreso por negociar con Kuczynski la libertad de su padre; aún así son la primera fuerza del peor de los congresos que ha tenido nuestra historia.
Existe una necesidad imperiosa de lucha frontal y franca contra la corrupción, que significa desmantelar el entramado fujimorista y su legado cultural de cinismo y latrocinio. Una nueva Constitución, con participación de la sociedad civil, es urgente y necesaria es una país con tanta riqueza, la suficiente para que vivamos bien, desterrando la pobreza, el cinismo político y la corrupción.