UN AÑO DE VIZCARRA Y CONFLICTO LAS BAMBAS

Por estos días, exactamente el veintitrés de marzo, se ha cumplido un año desde que Martín Vizcarra asumió la Presidencia de la República de Perú. Doce meses que han marcado al país sudamericano, que se debate entre el crecimiento económico y las enormes brechas sociales que ese crecimiento no logra cerrar.

Hace un año, Vizcarra asumía de manera rocambolesca la presidencia. Pedro Pablo Kuczynski, el presidente peruano cuyo apellido es tan difícil de escribir como de entender fue su breve gobierno; renunciaba a la presidencia antes de ser votada la segunda moción de vacancia contra el mandatario; días antes se habían hecho públicos unos videos en los cuales se ofrecía a un congresista del fujimorismo, obras y comisiones para que vote en contra de la moción de vacancia. Vizcarra, por entonces embajador en Canadá, arribaba presto a la capital peruana, para ser investido presidente de la República.

Su arribo marcó, además, fisuras en su propio partido PPK, y mayores fisuras en el fujimorismo, que poco a poco fue perdiendo la mayoría absoluta que ostentaba a causa de renuncias y pugnas entre los hermanos Fujimori. El Fujimorismo, luego de la libertad por “razones humanitarias” de su fundador Alberto Fujimori, de desmoronaba. El líder libre, anciano y no tan mal de salud, veía que el precio pagado por su indulto había sido muy caro, perdía hegemonía en el parlamento, sus congresistas cada vez más cuestionados y presionados desde las calles, se daban, ellos mismos, las cuchilladas propias de una película de gánsters.

Pero Vizcarra supo lo que tenía que hacer, contentar al pueblo y hacer que se manifieste; así, convocó a un referéndum con cuatro preguntas, cuyos resultados le legitimaron para liderar el gobierno y mostrarse como la cara liberal democrática, desplazando al fujimorismo, que representaba la cara dura del neoliberalismo.

Evidentemente, el modelo económico no sufriría modificación y las elecciones regionales y municipales sellarían la legitimidad de un gobierno débil y cuya principal baza es la lucha contra la corrupción. En los meses de enero y febrero de este año, el caso Odebrecht ganó los focos mediáticos y un buen acuerdo entre la justicia peruana y la empresa brasileña, sellaba la popularidad en alza del presidente, que además sufrió las denuncias de vinculación con Odebrecht y el llamado Club de la Construcción, en casos de sobornos al Estado.

Como vemos, la corrupción es un mal endémico en el Perú. Los expresidentes vivos o están en la cárcel (Fujimori) o están seriamente involucrados en casos que se investigan judicialmente. Además, la hija del dictador, Keiko Fujimori, está en prisión preventiva. El actual presidente Martín Vizcarra tiene serias acusaciones de corrupción, aunque, por su investidura, no puede ser juzgado.

Hace unas semanas se ha estrenado un nuevo Consejo de Ministros, con un actor y ex Ministro de Cultura a la cabeza; Salvador del Solar se ha estrenado con un conflicto que podría resumir la forma en la que se hacen las grandes inversiones en el Perú: El gobierno de parte de las empresas y las empresas haciendo y deshaciendo a su antojo en cuanto a la relación con las comunidades.

Las Bambas es el nombre del proyecto minero que se ubica en el sur andino departamento de Apurímac. La más grande inversión cuprífera del país data del 2004, durante el gobierno de Alejandro Toledo. La explotación pertenecía inicialmente a la empresa suiza Xstrata, que había logrado la anuencia de las comunidades para la inversión minera; en 2014, Xstrata vende la mina en 5.850 millones de dólares a la empresa china MMG. En 2016 comienza a operar. Pero en todos estos años, el conflicto no ha estado ausente en la relación minera – comunidad. El proyecto inicialmente contemplaba la construcción de mineroducto, por el que se transportaría el mineral, pero la empresa china MMG, no cumplió con el compromiso, en cambio habilitaron una carretera, que pasa por los predios de la comunidad. El Ministerio de Transportes ha dado rango de carretera nacional a esta vía, que pasa por la propiedad de la comunidad de Fuerabamba, la construcción y la declaración de carretera nacional ha sido hecha sin consentimiento ni consulta de la comunidad; ésta reclama un pago por derecho de servidumbre. Así, el conflicto de ha vuelto a desatar, en 2015 por otro conflicto en la misma zona, murieron cuatro comuneros. El gobierno ha militarizado la zona, más de tres mil efectivos policiales se han desplazado al lugar, los comuneros han bloqueado la carretera en mención impidiendo el paso de más de trescientos camiones al día; dirigentes y asesores de la comunidad han sido detenidos acusados de extorsión y recién, tras liberar al dirigente, se abren puertas al diálogo.

El modelo perverso de inversión minera ha hecho aguas, la corrupción, que atraviesa todo el sistema productivo, social y político peruano, asoma y hay acusaciones de ambos lados. Lo cierto es que la prepotencia de las empresas y su complicidad con el gobierno es una constante en este tipo de relaciones. Esperemos que el diálogo se abra y se sinceren los intereses mutuos y se resguarde el ambiente y las perspectivas de bienestar de las comunidades que se siente engañadas, violentadas y ninguneadas por un Estado lejano, que no entiende al Perú profundo, sus contradicciones y su aporte a la economía nacional.